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Ley de Inquilinato Guatemala, Decreto Numero 1468


  

DECRETO NUMERO 1468

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Inquilinato contenida en el Decreto Presidencial número 178, no ha producido losresultados que de ella se esperaban, ya que la ilimitada libertad de contratación ha dado lugar a gravesrepercusiones en perjuicio de los guatemaltecos de escasos y de medianos recursos, originándose deaquella ley una alza exagerada de los alquileres y permitiendo a los propietarios de bienes urbanosextorsionar a los inquilinos, hechos injustos que deben evitarse mediante la emisión de una ley que secaracterice por una justa protección a los arrendatarios, quienes constituyen las grandes mayorías de lapoblación urbana de la república y que, al mismo tiempo, estimule a los inversionistas para destinar susrecursos a la construcción de nuevas viviendas y locales, todo lo cual hará posible la obtención, enalquiler, de bienes inmuebles urbanos en condiciones favorables;

CONSIDERANDO:

Que es necesario regular con la mayor efectividad y equidad el arrendamiento de inmuebles urbanos, afin de que las personas de escasos o medianos ingresos familiares y los pequeños empresarios no sigansiendo explotados mediante el cobro de rentas excesivas y la constante amenaza de desahucios;

CONSIDERANDO:

Que es de absoluta y urgente justicia dictar normas legales que armonicen los intereses antagónicos,tiendan a solucionar en forma satisfactoria y expedita los graves problemas derivados del arrendamientode inmuebles urbanos y procuren el equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes en tal génerode contratos, en los cuales debe prevalecer el interés social sobre el particular;POR TANTO,Con fundamento en el inciso 1o, del Artículo 147, en el inciso 19 del Artículo 168 y en los Artículos 42, 87y 126 de la Constitución de la República,

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE INQUILINATO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.

Se declara de utilidad pública y de interés social el arrendamiento de toda clase deviviendas y de locales urbanos destinados a cualquiera otra finalidad.

ARTICULO 2.

Los beneficios que esta ley establece en favor de los inquilinos son irrenunciables y, enconsecuencia, carecerán de validez las estipulaciones contractuales que los contravengan.La presente ley prevalecerá también sobre todo lo estipulado en contratos de arrendamiento osubarrendamiento celebrados con anterioridad a su vigencia.

ARTICULO 3.

Para todos los efectos de esta ley se entienden por:a) LOCADOR: El propietario, usufructuario, arrendante o subarrendante legales de bienes inmueblesurbanos o de partes de éstos;b) INQUILINO: Quien recibe u ocupa en arrendante o en subarrendante legales de bienes inmueblesurbanos o partes de éstos;c) VIVIENDAS: Los inmuebles urbanos o partes de los mismos dados en alquiler para destinarlos ahabitación del inquilino y del grupo familiar que no él conviva en el mismo alojamiento

 

d) LOCALES: Los inmuebles urbanos o partes de los mismos destinados a tiendas, almacenes, bodegas,fábricas, talleres, oficinas y negocios o actividades de cualquiera otra naturaleza sean o no índolelucrativa, y que no tengan el carácter de viviendas; ye) RENTA O ALQUILER: La suma que deba pagarse en dinero o que deba retribuirse en cualquiera otraforma convencional por el inquilino a cambio del uso a que se destinen las viviendas o locales.La calidad de bienes inmuebles urbanos se fijará exclusivamente por resolución de la Municipalidadrespectiva.

ARTICULO 4.

Esta ley no se aplicará a viviendas o locales amueblados, reputándose como tales los quecomprendan en el arrendamiento o en el subarrendamiento mobiliario con valor mayor de un milquetzales, sin incluirse en dicha cantidad las estanterías, los equipos y artefactos destinados al serviciopermanente del inmueble o a proporcionar a éste comodidad, tales como refrigeradoras, cocinas,calentadores de agua, lavadoras, secadoras, aparatos de radiodifusión para aficionados o deradiorrecepción, televisores y cosas similares. El valor real del mobiliario será fijado en su caso, por el juez de inquilinato, a solicitud del locador o del inquilino aplicando para el efecto, por analogía lo que estaley dispone en cuanto al avalúo de viviendas y locales.

DE LA RENTA

ARTICULO 5.

Se declara ilegal todo aumento de alquileres de viviendas o locales urbanos, debiendomantenerse como máximo, el alquiler que, conforme a los contratos respectivos, percibían los locadoresel 1°, de noviembre de 1960. Las rentas de los inmuebles construidos y arrendados o subarrendados conanterioridad a la fecha últimamente mencionada, quedan en consecuencia, congeladas e incurrirán en lassanciones que esta ley establece quienes las aumenten o amenazaren al inquilino con exigirle ladesocupación por causales no autorizadas en la presente ley o lo cohiban de cualquiera otra manerailegal a desocupar el bien arrendado.

ARTICULO 6.

Por las viviendas y locales que hubieren estado desocupados el 1°, de noviembre de 1960no podrá cobrarse mayor renta que la que pagaba el último inquilino, sin perjuicio de lo dispuesto en elartículo siguiente.

ARTICULO 7.

Unicamente podrán aumentarse los alquileres que estaban vigentes el 1°, de noviembre de1960 o que cubría el último inquilino, en su caso, cuando el propietario del raíz hubiere efectuado nuevasconstrucciones, ampliaciones o mejoras de importancia en inmuebles desocupados. En tales cosas, ypara los efectos del cómputo de la renta a que se refiere el Artículo 22, el valor real que el inmueble teníaanteriormente se elevará en una suma igual a la efectivamente invertida en tales obras, de conformidadcon lo que conste en la licencia municipal obtenida para efectuar tales obras y en la inspección municipalposterior a la conclusión de las mismas.

ARTICULO 8.

Los inmuebles que se hubieren construido después del 1°, de noviembre de 1960 y queaún no hubieren sido dados en arrendamiento; y los que se construyan o terminen de construir en elfuturo, quedarán completamente libres de las limitaciones que, en materia de rentas, ordena esta ley. Enconsecuencia, las partes gozarán, en cuanto a ellos, del derecho de libre contratación.

ARTICULO 9.

Será igualmente de libre contratación, el alquiler de las viviendas o locales cuando el valor real y total de cada uno de ellos exceda de veinte mil quetzales.

ARTICULO 10.

Todo inquilino que no estuviere conforme con el importe de la renta que le correspondierepagar de acuerdo con los Artículos 5º, 6º y 7º de esta ley y que no hubiere podido llegar a un arreglo conel locador, tendrá derecho a promover las diligencias correspondientes a fin de que dicha renta searebajada y de que se aplique a la vivienda o al local que aquél ocupare la renta máxima que el tribunalcompetente fijará de conformidad con el siguiente artículo.

ARTICULO 11.

El inquilinato interesado en obtener rebaja del alquiler que estuviere pagando, la solicitarápor escrito al juzgado de inquilinato en la capital o a los tribunales competentes en los departamentos dela República. La rebaja podrá obtenerse conciliatoriamente ante el juez o por resolución judicial mediantela aplicación, al avalúo y reavalúo reales de los bienes arrendados, de las cuotas que se fijan en elartículo 22.

ARTICULO 12.

El avalúo o reavalúo, en tal caso, se efectuará por expertos, designados uno por elinquilino, uno por el locador y el tercero por el juez competente.

ARTICULO 13.

El inquilino propondrá en su escrito inicial el nombramiento de un experto por su parte y el juzgado señalará al locador el término de dos días para designar el suyo. Si venciere este término sin queel locador hubiere nombrado su experto o éste no se presentare a desempeñar el cargo, el juez de oficio

 

nombrará al experto por parte del locador. Nombrados los peritos de ambas partes, el juez dentro deltermino de dos días, nombrará a su vez al tercero para el caso de discordia. Los expertos, dentro deltérmino máximo de cinco días de la fecha en que se hubiere nombrado al tercero, procederán, previainspección ocular del bien de que se trate, a practicar el avalúo o reavalúo correspondiente y locomunicará al juez en comparecencia o por escrito y, en todo caso, bajo juramento legal.En la capital de la República y en los centros urbanos en que residieren valuadores legalmenteautorizados o valuadores o rectificadores fiscales, el experto tercero deberá tener cualquiera de esascalidades. Quienes tuvieren carácter oficial no podrán negarse, sin causa justa, al desempeño delencargo, so pena de destitución.En los municipios en que hubiere tablas o normas debidamente aprobadas para la práctica de avalúosfiscales o municipales, los peritajes deberán ceñirse a éstas, hasta donde sea posible.

ARTICULO 14.

Cada parte cubrirá los honorarios de su experto y la mitad de los correspondientes alexperto tercero. Los honorarios de los peritos designados conforme a esta ley se limitan a la tercera partede los autorizados por el Decreto gubernativo 1406.

ARTICULO 15.

Si el valúo o revalúo fijados fueren mayores que los consignados en la matrícula fiscalpara la totalidad del raíz, el tribunal, dentro del tercer día, oficiará a la Sección de Matrículacorrespondiente para que sin demora se aumente el valor declarado, del inmueble.Los valúos o revalúos en que se fijare al inmueble un valor inferior al registrado en la matrícula fiscal, noproducirán modificación alguna de ésta.Las sumas declaradas en la matrícula fiscal no influirán en la fijación de los valores a que se refiere estaley. Los avalúos se basarán en el valor real del bien arrendado.

ARTICULO 16.

Todo avalúo y reavalúo se limitará al bien arrendado cuya rebaja de alquiler se hubieresolicitado.

ARTICULO 17.

Cuando el bien arrendado formare parte de un edificio de más de un piso, el valor delterreno se calculará de conformidad con las siguientes normas:a) El piso situado al nivel de la calle (primer piso), se calculará aplicando el área correspondiente el valor unitario del terreno propiamente dicho; yb) El piso o pisos situados encima o debajo del nivel de la calle se computarán así:El segundo piso con un valor equivalente a la mitad del valor unitario del terreno ocupado por el primero;el tercer piso con un valor unitario equivalente a la tercera parte del valor del terreno del primero y asísucesivamente.En los entrepisos no podrán computarse valor alguno por concepto del terreno.El avalúo o reavalúo justipreciará separadamente el valor asignado al terreno ocupado, el valor de laconstrucción y el valor de los servicios de que gozare la vivienda o el local.

ARTICULO 18.

La rebaja que deberá obligatoriamente resolver el tribunal, exclusivamente en favor delinquilino solicitante, será equivalente a la diferencia entre el alquiler máximo que correspondiere a lavivienda o al local de conformidad con los artículo 5, 6 y 7 de esta ley y la suma que resulte aplicando elavalúo definitivo la cuota correspondiente al mismo, conforme al artículo 22.

ARTICULO 19.

No podrá solicitarse por el mismo inquilino rebaja de alquiler, sino después detranscurridos dos años de haber obtenido la rebaja anterior por concepto del mismo inmueble.

ARTICULO 20.

Las rebajas resueltas definitivamente por el tribunal, principiarán a regir el día en quedeba pagarse el próximo vencimiento de alquiler.

ARTICULO 21.

Si por concepto del avalúo o reavalúo correspondiere al locador cobrar una renta mayor que las autorizadas como máximas en los Artículos 5º, 6º y 7º, estas rentas máximas no podránaumentarse.

ARTICULO 22.

El alquiler que obligatoriamente deberá fijar el tribunal respectivo en favor del inquilinoque promoviere diligencias para obtener rebaja, se ajustará a la siguiente tabla de alquileres:I. Viviendas o locales valuados en cinco mil quetzales 5,000.00), o menos, seis por millar (6%o) al mes.

 

II. Viviendas o locales valuados en quince mil quetzales .15,000.00), o menos, pero en más de cinco milquetzales (Q.5,000.00): siete por millar (7%o) al mes.III. Viviendas o locales valuados en veinte mil quetzales (Q.20,000.00), o menos, pero en más de quincemil quetzales (Q.15,000.00): ocho por millar (8%o) al mes.

ARTICULO 23.

La renta continuará pagándose, en todo caso, por mensualidades vencidas. Cada pagoperiódico de renta producirá automáticamente una prórroga del contrato por el mismo lapso que medieentre dos vencimientos sucesivos de alquileres. Toda estipulación en contrario será nula.

ARTICULO 24.

Los hoteles, pensiones, posadas, mesones y casas destinadas a hospedaje no quedansujetos a las limitaciones de alquileres que esta ley dispone, ni al pago de rentas por mensualidadesvencidas.

DEL ARRENDATARIO

ARTICULO 25.

Todo contrato de arrendamiento o de subarrendamiento que se celebre con posterioridada la fecha en que esta ley entre en vigor, deberá constar por escrito y expresará el nombre y generales dellocador y del inquilino; los datos necesarios para la exacta identificación de la vivienda o local arrendado;el destino de éstos; precio de la renta y todas las modalidades del convenio.

ARTICULO 26.

Los contratos en que se estipule una renta mensual de diez quetzales (Q.10.00) o menos,estarán exentos del impuesto del papel sellado y timbres.

ARTICULO 27.

La falta de contrato escrito de arrendamiento o de subarrendamiento, celebrado conposterioridad a la vigencia de esta ley, será imputable al locador, quien incurrirá por esa omisión, en unamulta equivalente a un mes de renta.

ARTICULO 28.

El locador queda estrictamente obligado a extender y a entregar en el acto al inquilino unrecibo firmado por cada mensualidad de alquiler que perciba. La violación de este artículo hará incurrir allocador en una multa equivalente a un mes de renta. El impuesto del papel sellado y timbrescorrespondientes a los recibos será pagado exclusivamente por el locador.

ARTICULO 29.

No tendrán validez alguna las obligaciones (pagarés, documentos, letras, etc.), firmados oaceptados por los inquilinos en favor del locador, su cónyuge o familiares, a menos de que se pruebe quedirecta o indirectamente no constituyen un medio para burlar la renta máxima fijada.

ARTICULO 30.

El contrato de subarrendamiento se rige por las mismas disposiciones que esta leyestablece para el contrato de arrendamiento. Quien diere en subarrendamiento partes de un inmueble nopodrá percibir, en total, por aquel concepto, más del 20% del alquiler que deba pagar al locador,incluyéndose el alquiler que correspondiere a la vivienda o local que el subarrendante ocupare. La acciónpara valuar estos, corresponderá tanto al locador como a los inquilinos.

ARTICULO 31.

Los subarrendatarios no tendrán más derechos que los directamente contraídos con elsubarrendante. Por consiguiente, deberán desocupar a más tardar el día que lo haga éste, a menos deque celebren arreglo especial previo y escrito con el locador.

ARTICULO 32.

El locador, de un inmueble o de parte de éste, no podrá negarse a darlo en arrendamientoa familias con niños, ni discriminar acerca de la raza, credo político, condición social o nacionalidad de losposibles inquilinos, siempre que éstos acreditaren previamente su solvencia total por concepto delcontrato convenido con el locador de la vivienda o local que hubieren ocupado inmediatamente antes desolicitar el nuevo arrendamiento.

ARTICULO 33.

Cualesquiera actos o medidas coactivos que el locador ejecute para obligar al inquilino ala desocupación y que no hubieren sido acordados por el tribunal competente se declaran ilegales y seránsancionados conforme el Código Penal. En consecuencia, se prohibe a los locadores suspender temporalo definitivamente los servicios de agua potable y de luz eléctrica, dejar al descubierto los techos de lasviviendas y locales, remover sus pisos, obstruir los desagües, impedir el uso normal y corriente de lacocina y de los servicios sanitarios y quitar puertas, ventanas o rejas sin causa justa y anuencia previa delos inquilinos, a menos de que el locador hubiere obtenido autorización legal previa, de conformidad conla ley.

ARTICULO 34.

Cuando el locador no estuviere solvente por cuotas de servicio de agua o de servicioeléctrico, éstos no podrán ser suspendidos sin que antes se notifique tal insolvencia por escrito alinquilino, quien podrá efectuar los pagos correspondientes dentro de los diez días siguientes a lanotificación, quedando facultado para entregar, como dinero efectivo, al tiempo de efectuar el próximo.

 

pago de alquileres, los recibos que acreditaren la satisfacción de aquellos pagos y de las cuotas pagadaspor reanudación de tales servicios.

ARTICULO 35.

Para dar en arrendamiento viviendas o locales, el locador deberá obtener previamenteautorización escrita de Sanidad Pública, en la que conste que el bien reúne las condiciones sanitariasmínimas exigidas por esta ley y los reglamentos respectivos. Esta autorización deberá extenderse en untérmino no mayor de diez días contados de la fecha de recepción de la solicitud.

ARTICULO 36.

No podrá concederse autorización sanitaria para el arrendamiento de viviendas o localesque carecieren de piso artificial en toda la extensión del área cubierta.

ARTICULO 37.

Cuando se arrienden viviendas o locales que den a la calle y que no tengan acceso a losservicios interiores, el locador estará obligado a proveerlos de instalación sanitaria mínima de inodoro ylavamanos.

ARTICULO 38.

A petición de parte, el juez fijará al obligado un plazo que no excederá de sesenta díaspara que proceda a la pavimentación o a la instalación del servicio antes mencionado y en caso deincumplimiento, lo sancionará con multa de diez a cincuenta quetzales, sin perjuicio del nuevoseñalamiento con iguales sanciones.En caso de incumplimiento del obligado, el inquilino podrá hacer por su cuenta cualesquiera de lostrabajos a que se refiere este artículo, cuyo costo, debidamente comprobado, descontará de los alquileresen la forma que fije el juez respectivo.

ARTICULO 39.

Todo inquilino gozará del derecho de poner fin al contrato de arrendamiento osubarrendamiento de la vivienda o el local que ocupare, siempre que diere aviso escrito o notificare allocador en la vía voluntaria judicial, por lo menos con treinta (30) días de anticipación si se tratare deviviendas y de sesenta (60) días de anticipación si se tratare de locales. Tal aviso no podrá darselegalmente por inquilinos que no estuvieren solventes por el pago de alquileres. En todo caso, el inquilinoqueda obligado a permitir que cualesquiera interesados, autorizados por escrito por el locador, visiten elbien arrendado para inspeccionarlo, dentro del término comprendido entre la fecha de la notificación y eldía en que aquél lo proyectare desocupar. El inquilino que no diere esas facilidades será sancionadoconforme a esta ley.

DESAHUCIO

ARTICULO 40.

Unicamente podrá demandarse la desocupación de la vivienda o del local objeto de uncontrato de arrendamiento, en cualquiera de los casos siguientes:a) Cuando el propietario requiera la vivienda para habitarla él, su cónyuge o concubinario, sus hijos, suspadres o unos y otros, siempre que compruebe plenamente esa necesidad;b) Cuando el inmueble necesite reparaciones indispensables para mantener su estado de habitabilidad ode seguridad normales, circunstancias que se acreditarán con informes de la Oficina de IngenieríaMunicipal y de la Dirección General de Sanidad en la ciudad de Guatemala, y fuera de ella, con el informede la municipalidad respectiva y de la Delegación Sanitaria Departamental. Tales informes debenpuntualizar si las reparaciones son necesarias a los fines indicados y si para ejecutarlas es preciso que elinquilino desocupe. El arrendatario tendrá derecho a ocupar nuevamente el inmueble cuando se hayanterminado las reparaciones y el propietario haya promovido una nueva graduación de la renta, deconformidad con las prescripciones de esta ley, concediéndole para lo último, el término de quince días;c) Cuando vaya a construirse en el inmueble una nueva edificación, siempre que el dueño acompañe losplanos aprobados por la Municipalidad y que justifique que cuenta con los recursos necesarios paraemprender la obra a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la desocupación;d) Cuando el propietario pruebe que necesita el local para cualesquiera de los fines indicados en el incisod) del Artículo 3º, siempre que no cuente con otro para tal fin o que, cuando fuere propietario de otro local,el que deseare ocupar presentare condiciones más adecuadas;e) Cuando el subarrendante obtuviere, como consecuencia de los subarrendamientos, un valor mayor delalquiler que se fija en el Artículo 30 de esta ley;f) Cuando se trate de inmuebles del Estado o de las municipalidades que sean necesarios para lainstalación de sus dependencias, oficinas o servicios;g) Cuando el arrendatario o subarrendatario dedique el inmueble a usos distintos para los que fuecontratado y principalmente cuando con ellos se contravengan la moral y las buenas costumbres;

 

h) Cuando el arrendatario o subarrendatario no esté solvente con el pago de la renta, adeudando por lomenos dos meses vencidos; ei) Cuando el inquilino cause a la vivienda o local deterioros provenientes de su negligencia o decontravención a los términos del contrato respectivo o de los reglamentos sanitarios o municipales,exceptuándose únicamente el demérito normal debido al uso a que el bien arrendado se destine conformeal contrato.

ARTICULO 41.

En los casos a que se refieren los incisos a), b), c) y f) del Artículo 40, el aviso dedesocupación debe darse cuando menos, con tres meses de anticipación.Si la desocupación procede en inmuebles ocupados por escuelas oficiales o particulares, sólo podráhacerse efectiva en el período de vacaciones.El tribunal ante quien se inicie demanda de desahucio, no dará trámite a la misma, en tanto eldemandante no acompañe la constancia de haber hecho el depósito correspondiente a dosmensualidades a favor del arrendatario.

ARTICULO 42.

En los casos en que se demande la desocupación con fundamento en los incisos a), c) yd) del Artículo 40, el locador debe depositar en la Tesorería Nacional o en sus agencias, una cantidadigual al importe de dos mensualidades a favor del arrendatario, depósito que se entregará a éste enconcepto de indemnización por daños y perjuicios, si dos meses después de la fecha en que se hayarealizado la desocupación no se ha instalado en su inmueble o en parte del mismo, según sea el caso, lapersona para quien se solicitó, no se ha derribado el edificio, vivienda o local o no se ha instalado elnegocio a que se refiere el inciso d) del Artículo 40, según el caso.Tales extremos se constatarán por el Tribunal correspondiente.El locador podrá recuperar dicha suma cuando acreditare que ha cumplido con las causales invocadas.

DE LA CONSIGNACION

ARTICULO 43.

En el caso de que el locador se niegue a recibir la renta, ésta podrá depositarse en eltribunal respectivo, siempre que el inquilino adjuntare a la solicitud de consignación el último recibo queacreditare el pago del alquiler correspondiente al mes anterior o, caso contrario, siempre que laconsignación se haga con base en las diligencias en que constare la consignación precedente.Toda consignación posterior a la primera se tramitará y resolverá en la misma cuerda acumulándose lasdiligencias, a menos de que éstas se encontraren en diferentes instancias.Bastará el depósito para que cese como causal la mora en el pago, siempre que el inquilino no estuviereinsolvente por más de dos mensualidades vencidas, de alquiler.Si el inquilino depositare el valor de las rentas que se le demanden y estuvieren conformes con el contratode arrendamiento, con el recibo o con las constancias de consignaciones anteriormente aprobadas, elpago se declarará bien hecho. Mientras la consignación no se hubiere declarado improcedente, elinquilino no podrá retirar la suma consignada.

JUICIO DE DESOCUPACION

ARTICULO 44.

El término para contestar la demanda de desocupación es de tres días y el de prueba,incluyendo la tacha de testigos, de diez. Concluido el término de prueba, se agregarán a los autos las quese hubieren rendido y el juez señalará día para la vista, la cual se efectuará dentro del término de diezdías. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes.

ARTICULO 45.

El inquilino que no presentare el último recibo que debió pagar o no acreditare susolvencia con el comprobante de la consignación hecha, no podrá proponer artículos de previopronunciamiento, excepciones de género alguno, ni recursos de cualquiera naturaleza.

ARTICULO 46.

Para la desocupación se fijará un término de quince días, si se tratare vivienda y detreinta días, si se tratare de local.Pasados los términos señalados para la desocupación sin haberse ésta efectuado, se procederá allanzamiento a costa del inquilino.Los términos fijados en los Artículos 44, 45 y en éste, son improrrogables.

 

ARTICULO 47.

El lanzamiento del inquilino, definitivamente decretado por juez competente no daráderecho a aquél al pago de indemnización alguna.

ARTICULO 48.

En caso de lanzamiento de inquilinos de escasos recursos, la Policía Nacional recogeráde la calle los bienes del desahuciado y los llevará a un lugar seguro, mientras éste busca a dóndetrasladarlos.

DISPOSICIONES JUDICIALES

ARTICULO 49.

Todas las controversias que se susciten entre locadores e inquilinos y que no tengantrámites especiales señalados en esta ley, se ventilarán en forma de incidente, aplicándose para el efectolos Artículos 219, 220 y 221 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial.De los recursos contra lo resuelto por el Juzgado de Inquilinato, conocerán en grado los jueces de 1°,Instancia que designe en acuerdo la Corte Suprema de Justicia.

SANCIONES

ARTICULO 50.

El locador que cobrare más de la renta que conforme a esta ley correspondiere pagar,será sancionado con una multa de cincuenta quetzales (Q.50.00) a trescientos quetzales (Q.300.00), yquedará obligado, además, a devolver al inquilino todos los excesos que hubiere cobrado, ya sea enefectivo o compensándolos en alquileres.

ARTICULO 51.

La violación del juramento legal exigido por el primer párrafo del Artículo 13, serásancionado como delito de perjurio.

ARTICULO 52.

Toda violación de la presente ley no sancionada específicamente en ella y lascontravenciones al primer párrafo del artículo 15, al artículo 16, al párrafo final del artículo 17, al artículo19, al artículo 23, al párrafo final del artículo 28, a los artículos 30, 32, 35, 36, al párrafo final del artículo39 así como la prolongación de los términos judiciales fijados en este cuerpo legal, serán sancionadascon multas no menores de diez quetzales (Q.10.00), ni mayores de doscientos quetzales (Q.200.00), loscuales impondrá el tribunal respectivo o el superior en grado, o el superior jerárquico en lo administrativo,según sea el caso. En igual sanción incurrirá el juez que diere curso a alguna de las defensas prohibidaspor el artículo 45.

ARTICULO 53.

La obligación de pagar las multas y el derecho a cobrar los excesos en el pago de larenta, prescriben a los dos años.

ARTICULO 54.

Toda multa deberá enterarse en la Tesorería de Fondos Judiciales o en sus agencias,dentro de los diez días siguientes a la fecha en que fuere notificada la resolución.Las multas que se impusieren al locador podrán ser cubiertas por el inquilino, mediante orden del juez,quien fijará la forma en que el inquilino sea reintegrado de las mismas.

ARTICULO 55.

Podrá demandarse la desocupación del subarrendante que hubiere recibido de lossubarrendatarios sumas por concepto de alquileres y que no hubiere pagado al locador, por lo menos, eltotal éstas, a más tardar dentro de los diez días siguientes a la fecha en que le debiere cubrir el alquiler.En tal caso el subarrendante incurrirá en la pena establecida en el artículo 426 del Código Penal y elpropietario, a su solicitud, será autorizado por el juez para que, sin perjuicio del desahucio delsubarrendante, continúe percibiendo el importe de los subarrendamientos.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 56.

Aunque sin perder su vigencia, en lo que respecta a lo regulado en esta ley, no tendránaplicación todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que impidan o restrinjan el eficazcumplimiento de la misma o que consigne mayores términos que los fijados en este decreto.

ARTICULO 57.

El Juzgado de Inquilinato, creado por el Decreto presidencial número 178, continuará enfunciones de conformidad con esta ley, y como parte del Organismo Judicial.

ARTICULO 58.

El Organismo Judicial deberá organizar juzgados de inquilinato en los lugares en que laeficaz aplicación de esta ley así lo demande. Los titulares serán nombrados por la Corte Suprema deJusticia.

 

ARTICULO 59.

Los jueces de inquilinato deberán ser ciudadanos de reconocida honradez, guatemaltecosnaturales y abogados colegiados.

ARTICULO 60.

Los juicios de desahucio en que no se hubiere dictado sentencia, seguirán sus trámiteshasta la ejecución del fallo. Las actuaciones judiciales en trámite se regirán por lo dispuesto en el inciso13 del artículo 250 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial.

ARTICULO 61.

El Organismo Ejecutivo reglamentará la presente ley.

ARTICULO 62.

Se deroga el Decreto número 178 del Presidente de la República.

ARTICULO 63.

Esta ley entrará en vigor quince días después de su publicación en el Diario Oficial.Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en Guatemala, a los veintidós días del mes de junio de milnovecientos sesenta y uno.RUBEN FLORES AVENDAÑO,Presidente.OTTO PALMA FIGUEROA,Secretario.EDUARDO TARACENA DE LA CERDA,Secretario.Palacio Nacional: Guatemala, primero de julio de mil novecientos sesenta y uno.Publíquese y cúmplase.MIGUEL YDIGORAS FUENTES.El Ministro de Economía,JOAQUIN PRIETO BARRIOS.El Ministro de Gobernación,GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ

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